La refinería de San Lorenzo está abandonada, al igual que el puerto de carga y descarga. El personal de la empresa, que alcanzaba la suma de 12.000 trabajadores en aquel momento, en su gran mayoría se encuentra desocupado.
La persecución macrista al Grupo Indalo que culminó con el desapoderamiento de los bienes de Oil Combustibles tuvo una segunda fase: la de las maniobras que realizó YPF con los activos adquiridos en forma ilegal.
Por ejemplo, la refinería de San Lorenzo está ahora abandonada (mientras que hoy importamos combustibles usando divisas escasas en el país). Lo mismo sucede con el puerto de carga y descarga, es estado de abandono cuando trata de uno de los puertos de agua profunda sobre el río Paraná.
Por otro lado, hay que mencionar que el personal de Oil Combustibles SA, que entre directos e indirectos alcanzaba la suma de 12.000 trabajadores en aquel momento, en su gran mayoría se encuentra desocupado.
También, que la red de estaciones de servicio, que a principios de 2016 alcanzaba entre sus distintas variables de despacho 420 puntos de venta, fue el camino para que YPF se comprometa con terceros a transferir a precio vil dicha red y además a suministrar combustibles a dos compañías por importes superiores a los 10.000 millones de dólares en el plazo de los contratos.
¿Cuáles son estas compañías?
La primera es Dapsa, de supuestos accionistas mayoritarios suizos, desde diciembre de 2018. Esta firma celebró un contrato con YPF por la compra de una parte de los puntos de venta (9 millones de dólares a pagar en plazo), y obtuvo de YPF un contrato de abastecimiento de combustibles por un valor total de casi 7.000 millones de dólares, con una línea de crédito de casi 75 días por la cual le permitía pagar el combustible retirado casi dos meses después que lo cobró a sus clientes.
¿Cuándo se celebró este contrato?
A finales de noviembre de 2018.
Los accionistas controlantes de DAPSA (españoles) transfirieron su tenencia accionaria a la sociedad controlada mayoritariamente por accionistas suizos, a principios de diciembre de 2018. Mucha casualidad.
La otra compañía es Delta Patagonia (Gulf), de supuestos accionistas mayoritarios de nacionalidad paraguaya. Esta firma celebró un contrato con YPF por la compra de una parte de los puntos de venta (15 millones de dólares a pagar en plazo), y obtuvo de YPF un contrato de abastecimiento de combustibles por un valor total de casi 3.000 millones de dólares, con una línea de crédito de casi 75 días, por la cual le permitía pagar el combustible retirado casi dos meses después que lo cobró a sus clientes. La sociedad fue constituida apenas unos días antes de la celebración de los contratos mencionados.
¿De qué forma administró YPF ese patrimonio adquirido?
En la causa se señala que el 13 de septiembre de 2018, la firma Dapsa formuló una propuesta de participación conjunta dirigida a YPF y a Santiago Martínez Tanoira, mediante la cual se proponía que ambas compañías realizaran una oferta mancomunada en el proceso falencial de Oil Combustibles. YPF aceptó las propuestas realizadas por Dapsa, sin indicar en ningún caso cuál fue el procedimiento ajustado a los principios de administración de la empresa que autorizaba a los firmantes a llevar adelante tal acto jurídico.
Ante la reiteración de no aportar la documentación respaldatoria, podría pensarse que no existían procedimientos formales en dichos procesos empresariales, y por consiguiente, que las decisiones fueron tomadas en un marco de absoluta informalidad y dentro del marco de persecución que se realizaba contra Grupo Indalo, sus sociedades y sus accionistas, en el cual, como se dijo, Fabián Rodríguez Simón fue su principal articulador.
El día 31 de octubre de 2018 Dapsa formuló una segunda oferta dirigida a YPF, en la cual propuso abonar nueve millones de dólares (u$s9.000.000) por una porción de la red de estaciones de servicio de Oil Combustibles, liberando a YPF para vender a un tercero el resto de la red en un plazo de noventa días. En caso de que las gestiones de la petrolera estatal no arribaran a buen puerto, Dapsa se comprometía a abonar el saldo restante de nueve millones de dólares (u$s9.000.000), pasando a ser titular del 100% de la referida red de estaciones de servicio. El mismo día que las recibió YPF no se indicó en ningún caso cuál fue el procedimiento ajustado a los principios de administración de la empresa que autorizaba a los firmantes a llevar adelante tal acto jurídico.
Al igual que en el caso anterior, ante la reiteración de no aportar la documentación respaldatoria, podría suponerse la inexistencia de procedimientos formales en dichos procesos empresariales, y por consiguiente, que las decisiones fueron tomadas en un marco de absoluta informalidad y dentro del marco de persecución que se realizaba contra Grupo Indalo.
¿Qué pasó después de la firma del contrato?